Legisladores Avalan Cambios Profundos al Poder Judicial en Medio de Protestas
En una sesión realizada durante la madrugada en una sede alterna, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma al Poder Judicial, con una votación de 359 votos a favor, 135 en contra y sin abstenciones. El debate se desarrolló en el Salón de Armas de la Magdalena Mixhuca debido a que trabajadores de juzgados y tribunales federales bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro, impidiendo el ingreso de los diputados.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna, quien presidió la sesión, informó que se presentaron propuestas de modificación para todos los artículos del proyecto de decreto, incluyendo los transitorios. La sesión, convocada por la Junta de Coordinación Política, se prolongó por once horas, iniciando a las 4 de la tarde del día anterior.
Los diputados de oposición, particularmente del PAN, manifestaron su rechazo a la realización de la sesión, argumentando que existían dos órdenes de suspensión emitidas por jueces de distrito que, según ellos, impedían la discusión de la reforma. A pesar de las protestas, la mayoría oficialista aprobó el proyecto en lo general, dejando pendiente la discusión en lo particular.
¿Qué Contempla la Reforma al Poder Judicial?
La reforma aprobada introduce cambios significativos, como la elección por voto popular de magistrados de Circuito, jueces de Distrito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un proceso que será organizado por el Instituto Nacional Electoral. Además, reduce el número de ministros de la SCJN de 11 a 9, estableciendo un mandato de 12 años.
También se establece un plazo máximo de seis meses para que las autoridades emitan sentencias, con la obligación de justificar ante el Tribunal de Disciplina Judicial o el Órgano Interno de Control en caso de incumplimiento. Este tribunal, a su vez, tendrá la facultad de investigar y sancionar a los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación por actos u omisiones contrarias a la ley, y resolverá conflictos internos.
La reforma suprime el Consejo de la Judicatura, reemplazándolo por un órgano administrativo y el Tribunal de Disciplina Judicial. Además, se introduce la figura de «jueces sin rostro» para proteger a los juzgadores en casos relacionados con el crimen organizado.
